Por: Óscar Misle @oscarmisle
En los últimos días nos ha tocado vivir situaciones que en unos casos nos llenan de miedo, ansiedad, impotencia y frustración al sentir que no depende de nosotros cambiar el rumbo de los acontecimientos. En otros casos están quienes desean expresar lo que sienten participando en manifestaciones y haciendo legítima su protesta.
Participar en manifestaciones es un derecho que debe ejercerse de forma pacífica y sin armas, son los requisitos que establece la ley.
Este derecho constitucional no se ha respetado porque grupos radicales externos o grupos infiltrados han utilizado las manifestaciones para agredir a las personas y dañar las instalaciones privadas. Las familias y seres queridos de los ciudadanos fallecidos viven un profundo dolor y la única esperanza que les queda es que el Ministerio Público investigue los asesinatos con objetividad y se haga justicia.
A los detenidos se les debe garantizar el pleno respeto de sus derechos humanos, en particular el derecho a la integridad, a la seguridad personal y al debido proceso.
En la circunstancia que sea necesaria la intervención de los cuerpos de policía y componentes de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (en especial la Guardia Nacional Bolivariana), deben cumplir con las normas y principios para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial en los diversos ámbitos territoriales, para evitar abusos de poder y uso desproporcional y arbitrario de la fuerza.
La ciudadanía, al ejercer su derecho a manifestar debe hacerlo de forma pacífica y denunciar cualquier violación de derechos humanos para que estos hechos sean investigados y sancionados por las autoridades competentes.
La responsabilidad del Gobierno Nacional y de todos los poderes públicos es promover el desarme, garantizar la paz social, la justicia expedita, la protección a las víctimas y sus familias, el derecho a protestar y manifestar, y el respeto a los derechos humanos de todos sin discriminación de ninguna índole.
Nuestros niños, niñas y adolescentes han sido testigos, directos e indirectos, de lo que acontece en el país. Aprenderán cómo se vive la democracia con lo que ven, escuchan y sienten. Si lo que se dice no se corresponde con lo que se hace, si lo que establece la ley no se cumple o se hace de manera discrecional y arbitraria, dependiendo de los intereses, perderán la confianza y respeto a las normas que garantizan la convivencia ciudadana.
La paz más que un dicho debe ser un hecho.
La violencia comienza con palabras y se traduce en acciones. Nos toca como familias y docentes mostrarles en qué consiste la diferencia. Ser pacífico no significa ser pasivo. Significa reaccionar con actitudes que nos hagan ser y sentirnos ciudadanos.
La indolencia y la resignación no permiten que la paz tenga vida y se traduzca en oportunidades y posibilidades para que todos gocemos de nuestro derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la seguridad y a la recreación. No podemos vivir en paz si reaccionamos de forma defensiva cuando alguien es o piensa diferente.
Para lograr la paz no podemos renunciar a nuestros derechos. El país nos pone frente a una realizad que exige de nosotros coherencia. La mayor serenidad posible para que la no-violencia más que una desocupación sea la posibilidad de poner en marcha las oportunidades para defender nuestros derechos, expresar lo que sentimos, necesitamos, soñamos y merecemos.
Como diría Mahatma Gandhi “No hay camino para la paz, la paz es el camino”
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