Por: Óscar Misle, @oscarmisle
Desde que se aprobó la LOPNNA, este aspecto fue considerado prioritario y se creó el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente. En el último período de sesiones de la Asamblea Nacional, antes de las vacaciones parlamentarias, se aprobó la Reforma a la LOPNNA. Se subió la edad de los adolescentes de 12 a 14 años para tener responsabilidad penal; entre ellas la privación de libertad. El hecho más significativo fue el aumento del tiempo de privación de libertad a 10 años, antes era 5; para los adolescentes menores de 18 años.
A pesar de que para muchos el aumento de los años para la pena pueda significar una buena noticia, es un retroceso porque no resuelve la situación, al contrario; a más años de prisión mayor es la probabilidad de que se haga más difícil la reinserción social, más si se toma en consideración la precaria condición de los centros de privación de libertad de adolescentes en el país.
Las medidas socioeducativos que tendrían que ser prioridad para que se implementen programas psicológicos, psiquiátricos, sociales, de formación laboral deja mucho que desear y la cultura del “pran” sigue reinando en algunos de los centros.
Cuando los adolescentes están presuntamente involucrados o han participado en la comisión de un hecho punible deben dar cuenta de sus actos ante el Sistema Penal del Adolescente. Tienen derecho a la justicia, contar con un abogado, a que se respeten sus derechos humanos teniendo claro que se presume la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.
Con frecuencia escuchamos: “Las y los adolescentes tienen derechos y no responsabilidades” o que adolescente la hace y no la paga; no obstante, en la ley existe la responsabilidad penal del adolescente. Este es un sistema ante la cual él o la adolescente que comete un hecho que viola la ley penal debe dar la cara y asumir su responsabilidad, y la justicia, dependiendo de la gravedad del hecho aplicará las sanciones que van desde la amonestación, imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad asistida, semi-libertad y la privación de libertad o internamiento.
En nuestra realidad constatamos como adolescentes agreden a otras personas, sus pertenencias, instalaciones públicas, bienes de particulares y piensan que por ser adolescentes están amparados por las leyes y no tendrán consecuencias.
Una “travesura” o un acto cometido bajo los efectos del alcohol o la incitación de sus “compinches” pueden llevarlos a cometer hechos que no pueden ni deben quedar impunes. En caso de que se les acuse de estar involucrados, directa o indirectamente, en uno de estos hechos, es la justicia la encargada de investigar para establecer la magnitud del hecho y las sanciones correspondientes.
El estado debe garantizar programas dirigidos a adolescentes para que la prevención sea la clave. La falta de políticas públicas coordinadas y efectivas, nacionales y no discriminatorias, sigue siendo una deuda pendiente que si no se salda seguirá teniendo graves consecuencias que no se resuelven solo aumentando los años de prisión.
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